La división de poderes, su concepto y justificación
Desde que el hombre surgió sobre la tierra tuvo que esforzarse por convivir con sus semejantes. Para resolver los problemas que se iban presentando entre los diversos individuos, inventó leyes para regular el comercio, pagar impuestos y hasta contraer matrimonio.
Desafortunadamente, algunos gobernantes abusaron de estas leyes y decidieron que ellos podían crearlas y aplicarlas a su antojo; todavía más, creyeron que en caso de que alguien no estuviera de acuerdo con este proceso ellos mismos podían juzgarlo y castigarlo. Esto provocó descontento entre los ciudadanos y, a la larga, causó desorden y revoluciones.
Algunos pensadores, como el barón de Montesquieu, en Francia, y John Locke, en Inglaterra, empezaron a promover la idea de que el poder no debía concentrarse en una sola persona.
Sostuvieron que, para fortalecer a una nación, era necesario que existieran diversos órganos del Estado que tuviesen funciones distintas: unos elaborarían las leyes, otros las aplicarían y unos terceros las interpretarían y resolverían los conflictos derivados de su aplicación.
Esta división de poderes, así como la independencia que existe entre éstos, constituye la base de un estado democrático y liberal porque:
– Obliga a que haya una distribución equilibrada de las funciones estatales.
– Limita el ejercicio de cada poder a través del derecho, obligándolo a realizar estrictamente la función que le es propia o le corresponde.
– Produce, por la repetición continuada de los mismos actos, la especialización en las funciones, logrando su más eficaz desempeño. Resulta en beneficio de la libertad individual y social porque impide el monopolio de poderes, hecho que siempre se produce en detrimento o en violación de estas libertades.
Atendiendo a las necesidades que son propias del estado actual, la división no es ni puede ser absoluta, en forma que ejerzan funciones aisladas y sin relación alguna entre sí, ya que aun cuando los tres poderes sean independientes en su forma de organizarse y de actuar son partes de un todo y se complementan para lograr el funcionamiento total del Estado. Así, la división de poderes se perfecciona con la colaboración o coordinación de los mismos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49, establece que el poder público, o Supremo Poder de la Federación, se ejerce a través de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Estos poderes, cuya actividad se desarrolla en el ámbito nacional, respectivamente hacen la ley, la aplican y vigilan su cumplimiento y establecen su sentido, o sea, la interpretan a propósito de un caso concreto.
Fuente: Conceptos jurídicos fundamentales de la facultad de contaduría y administración, UNAM.