Primera república federal de 1824 a 1835
Los centralistas argumentaban que debería existir una construcción válida para todos los departamentos o estados; que los recursos económicos de todas las provincias debían enviarse al centro y desde ahí ser redistribuidos a los departamentos; que el gobierno central podía alterar los límites de los estados. Los federalistas consideraba que cada entidad federativa debía poseer autoridad para resolver sus problemas internos, cada estado sería soberano y libre.
Para articular su propia constitución, emitir sus propias leyes y manejar sus propios recursos económicos.
El gobierno federal sólo se encargaría de las relaciones con el exterior, de formar un ejército y de emitir moneda. Los estados no podían tener la capacidad de alterar los límites territoriales sino solamente el poder federal.
La corriente centralista argumentaba que sólo una república unitaria podía garantizar la frágil unidad del país porque no existían en las provincias los elementos necesarios para ser una entidad autónoma. Uno de los máximos exponentes de esta postura fue Fray Servando Teresa de Mier.
Los federalistas afirmaban que, debido a la extensión de la provincias del Oriente y su lejanía respecto a los lugares en donde residía el poder y en la conveniencia obvia que sus gobernantes tuvieran un cabal conocimiento de los problemas específicos de cada entidad, era indispensable un sistema federal. Fue Ramos Arizpe uno de los más brillantes exponentes de esta corriente política.
El congreso aprobó el 31 de enero de 1824 una Acta constitutiva que señalaba que la nación mexicana adoptaba como forma de gobierno la de república representativa popular federal.
La Constitución se promulgó el 4 de octubre de 1824. La Federación quedaba integrada por diecinueve estados y cuatro territorios. Se consignaba también la división de poderes tanto en el ámbito federal como en el local o municipal. El poder ejecutivo de la Federación quedaba depositado en un presidente; el poder legislativo en un congreso general formado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores; y el poder judicial quedaba depositado en una corte suprema de justicia.
Los indígenas, al ser considerados ciudadanos, obtuvieron derechos pero también adquirieron obligaciones fiscales que para la mayoría fueron desastrosas para su endeble bienestar.
De acuerdo con lo prescrito en dicha Constitución, se efectuaron elecciones, en las que llegó a la presidencia el general Guadalupe Victoria y como vicepresidente el general Nicolás Bravo. Tomaron posesión de sus cargos el 10 de octubre de 1824 y gobernaron hasta abril de 1829.
El 1o. de septiembre de 1828 se llevaron a efecto elecciones para determinar al siguiente presidente, siendo favorecido el general Manuel Gómez Pedraza. Sin embargo, el general Santa Anna en Veracruz inicia un levantamiento militar con el fin de impedir la toma de posesión por parte de Gómez Pedraza. La revuelta se extiende por el sur del país y en la ciudad de México. Por lo cual el militar electo decide salir voluntariamente de México, el general Vicente Guerrero es designado presidente interino por el Congreso de la Unión.
El gobierno de Guerrero duró unos cuantos meses, ya que cuando en diciembre de 1829, al combatir en Veracruz una revuelta militar, en la ciudad de México se produjo otro levantamiento armado.
El Congreso presionado por esta revuelta entregó el poder ejecutivo al general Bustamante, que gobernó entre enero de 1830 y mayo de 1832, sin que durante su periodo presidencial cesara la guerra civil.
El general Santa Anna nuevamente se subleva para exigir que el poder ejecutivo fuera entregado al general Gómez Pedraza. Esta revuelta triunfa y en diciembre Gómez Pedraza asume la presidencia. En abril de 1833 se realiza una elección en donde López de Santa Anna es elegido presidente y Gómez Farías vicepresidente. Dicho periodo fue sumamente dispar ya que cuatro veces López de Santa Anna estuvo al frente del poder ejecutivo y otras tantas Gómez Farías.
Entre 1833 y 1834, el gobierno encabezado por Gómez Farías y en donde se hallaban distinguidos intelectuales, tales como José María Luis Mora y Lorenzo Zavala, articuló una series de reformas con la finalidad de cancelar la influencia del clero y del ejército en la marcha del Estado.
Entre las más importantes destacan el decretar la libertad de culto; la separación entre Iglesia y Estado; la liberación de los agricultores de la obligación civil de pagar el diezmo eclesiástico; la secularización de los bienes de las misiones de California; la destrucción del monopolio del clero en la educación mediante la creación de un Directorio de Instrucción Pública con el cual el Estado tomaba la responsabilidad de proporcionar y supervisar la educación a los ciudadanos; la clausura de la antigua Universidad y del Colegio; la disolución de los cuerpos del ejército que se hubieran sublevado contra el gobierno y la creación de la milicia nacional, organizada por los estados con elementos del pueblo para mantener el Estado de derecho y evitar las constantes rebeliones de los jefes militares.
En 1835 surge otra revuelta conservadora en Cuernavaca con la finalidad de anular las leyes liberales dictadas por el Congreso y que volviese López de Santa Anna al poder con el carácter de gobernante absoluto. Dicha revuelta triunfa con el apoyo de él mismo y en octubre de ese año reúne un Congreso constituyente para promulgar una nueva constitución centralista o conservadora.
