Antecedentes históricos de la ganadería

Época prehispánica

En Tenochtitlán no existió un solo animal que sirviera como instrumento de trabajo en la producción.

El único mamífero con que contaban era un pequeño perro llamado itzcuintle que criaban para ser usado como alimento.

Los antiguos mexicanos completaban su reducida dieta de carne con la de animales silvestres o con las de algunas aves como el guajolote, ave que por su tamaño era la de mayor valor alimenticio y económic.

La mayoría de los animales que consumían los aztecas eran silvestres no domesticados, de tamaño pequeño, de poco valor, que adquirían mediante la caza.

De los animales que formaban parte del consumo y que habían sido domesticados eran: el guajolote, la codorniz y el perro, únicamente el primero y el último podrían asegurar a los productores dedicados a su crianza y cuidado una existencia separada de la masa de los agricultores aztecas, ya que por su tamaño se obtenía mayor cantidad de alimento y tenían más demanda.

En efecto, en Tenochtitlán existían productores esp ecializados en la crianza, cuidado y venta de guajolotes y perros.

En el imperio azteca llegó a haber crianza de animales en pequeña escala. Pero sólo en forma de una especialización en las unidades de producción de esta cultura.

Sin embargo, la cría de perros para la obtención de carne tenía gran importancia, y el criador (iztcuinnemitieni) vivía en la abundancia, ya que obtenía buenas ganancias de su labor.

Junto a éste se encontraba el criador de guajolote (totolli) para la obtención de carne y huevos. La producción de carne era importante, sobre todo para; satisfacer las necesidades de la nobleza.

De lo anterior se desprende que los aztecas dedicados a la cría de animales eran solamente especialistas.

Época Colonial

Con la conquista de Hernán Cortés, en 1521, llegaron también las reses a la Nueva España; de ahí en adelante los animales se reprodujeron con suma rapidez y la carne bovina llegó a constituir parte importante de la dieta alimenticia de toda la población.

Al respecto es interesante señalar que desde los inicios de la Colonia existían organizaciones ganaderas, las llamadas “Mestas” formadas según el modelo correspondiente en España.

A ellas los reyes españoles habían concedido grandes privilegios sobre los agricultores, siendo éste un precedente histórico indicativo de la formación sociopolítica ulterior de este sector productivo.

Pero aunque existía una producción importante de ganado para carne y un comercio activo, este último se basó más bien en los excedentes de producción, mas no constituía la consecuencia y el punto de partida de una producción mercantil propiamente dicha.

O sea que los encomenderos, después hacendados, contraían compromisos comerciales con los mataderos de los pueblos indígenas y algunos en la capital.

Así los hacendados, dueños de minas y comerciantes tendían no a ampliar sus actividades dentro de sus ramas sino a acaparar las más diversas ramas en una sola unidad económica.

En las condiciones de los mercados existentes esto acentuaba, inevitablemente, la tendencia a la formación de complejos económicos autosuficientes en todo, menos dos o tres productos.

La economía de la Nueva España estaba constituida no por un mercado nacional, sino por una serie de economías locales y regionales deficientemente conectadas entre sí.

Periodo porfirista

A raíz de la independencia del país, y sobre todo durante el porfiriato, este estado de cosas habría de cambiar.

La dictadura del Gral. Díaz creó las condiciones para el establecimiento de un mercado interno nacional y abrió un mercado de exportaciones que propició varias medidas políticas y económicas (construcción de vías férreas, carreteras, puerta abierta al capital extranjero, expropiación de tierras indígenas, etc.).

Por ello a la sombra del porfiriato los terratenientes empiezan a ver sus hatos de posibilidad de una área especializada de inversiones productivas capitalistas, con ello el ganado bovino y la producción de carne y leche se convierten en producción de mercancías.

Por primera vez desde la conquista se trata de mejorar la calidad genética de los animales con la adquisición de ejemplares de registro europeo y de los Estados Unidos; se introducen técnicas de industrialización de la leche y de procesamiento de carne bovina y porcina, esto último con capital extranjero, y asimismo se inician ya las exportaciones de ganado en pie a los E. U. A.

En 1881 y 1889 se sacrificaron anualmente entre 800 y 820 mil cabezas de bovinos, llegando al millón en 1899. En el mismo periodo las exportaciones de ganado a los E. U. aumentaron a una tasa media anual de 11%, y la venta de pieles representó una entrada de divisas de dos millones de pesos anuales.

En 1902 el anuario estadístico de la República Mexicana daba cuenta de la existencia de 10.2 millones de bovinos, de los cuales se sacrificaron 939 000, con un rendimiento de 147 000 ton. de carne en canal y cerca de 20 000 ton. en pieles.

La producción de leche se estimaba entonces en 970 millones de litros anuales, y la exportación de ganado bovino a los EU. se mantuvo en 141 000 cabezas en promedio anual durante el quinquenio 1902-1906.

En 1906 se constituyó en Uruapan, Mich., la Mexican National Packing Company con capacidad para sacrificar diariamente 750 vacas, 500 ovejas y 500 cerdos aprovechando una franquicia de 25 años para abastecer de carne y embutidos a los mercados de la ciudad de México y los del exterior.

Centros similares se iniciaban o proyectaban en Guadalajara, Cananea, Cd. Juárez y Cd. Obregón, cuando Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis.

La opulencia de la ganadería latifundista consistía no en la calidad del ganado sino en su número absoluto, sin selección, dentro de las propiedades que a veces alcanzaban tamaños como de las provincias en otros países.

Por ello no resultaba insólito que existieran hatos de 50 mil y hasta 100 mil cabezas. Estos animales se hallaban en regiones con excelentes posibilidades ganaderas como las Huastecas, y en las mayores haciendas de diversas zonas.

El proceso de concentración de tierras y de ganado (capital semoviente) habría de sufrir una disminución debido al reparto de tierras (meta de la Revolución).

En 1960 el 93.7% de las unidades ganaderas del país estaban en manos privadas, reduciéndose a sólo un 5.8% para el año de1970, con la participación de la economía ejidal en un 6.3 y 12.1% en los años respectivos.

En contraste con la actividad agrícola, la actividad pecuaria tiene una importancia muy escasa en el sector “social” creado por la Revolución Mexicana: el ejido.

Al aparecer las causas de este estado de cosas se encuentran en múltiples coyunturas, a lo largo de los años de reforma agraria, que apuntan todas a la negación de condiciones para el reparto masivo de tierras de agostadero de buena calidad como fuente de una producción y, por consiguiente, de una distribución más equitativa de la riqueza generada en el campo.

Después de la conmoción revolucionaria en el país, desde un principio la propiedad privada, al igual que el ejido y la propiedad comunal, se consideró parte auténtica de la Revolución, por lo que a la sombra protectora de la Constitución y de sus enmiendas siguientes se pudo fortalecer con carácter de “pequeña propiedad” tanto agrícola como ganadera.

Época actual

Durante el sexenio de Luis Echeverría se promulgo la exigencia legal de la determinación de índices de agostadero y se entregan certificados de inafectabilidad ganadera definitivos, principalmente en Coahuila y Chihuahua.

Todas estas medidas son vistas con buenos ojos por el sector ganadero. Sin embargo, durante ese sexenio se dejan sentir ya los primeros signos de crisis alimenticia, por lo que el país se convierte de productor de granos autosuficiente y exportador en importador de granos básicos.

Ello, entre otras cosas, pesa desfavorablemente en la balanza comercial.

La política del gobierno adopta un matiz neopopulista, y en un intento de encarar la situación basándose en el apoyo de las clases populares se trata de instrumentar un regreso, en gran parte verbal, a los procedimientos agraristas de la Revolución, especialmente al reparto de tierras.

Funcionarios del mismo gobierno como de gobiernos anteriores y de sectores relacionados con el problema exigen una revisión o abolición delas enmiendas alemanistas al artículo 27.

En respuesta el sector privado califica estas demandas y otras similares de demagogia.

Incluso se recurre a principios sobrenaturales para sostener que “siendo la propiedad privada un derecho natural, y no efecto de leyes humanas, el Estado no puede abolirla, sino sólo regular su uso”, lo cual ocasiona la demanda general de mayores oportunidades políticas para pequeños propietarios, tanto agrícolas como ganaderos.

La acción concreta que más resintió y enojó a la iniciativa privada fue, sin duda, la emprendida contra la concentración de tierras de riego en Sinaloa a fines del sexenio.

Corresponde al sexenio siguiente (José López Portilo) proponer una “Alianza para la Producción” encaminada a superar la crisis de confianza del sector privado en general y del sector ganadero en particular.

Se instrumenta una política que pone énfasis en el estímulo a la productividad. Por lo que concierne a la problemática agraria, el nuevo proyecto ideológico se basa en minimizar la cuestión de la tenencia de la tierra, indicando que ésta es secundaria, puesto que tal recurso se ha vuelto “escaso”.

Con esa perspectiva, se intenta dar fin a la primera etapa de la Reforma Agraria.

La política actual no es la de continuar con el reparto de tierras a los campesinos, sino lograr una mayor producción (Sistema Alimentario Mexicano y Ley de Fomento Agropecuario y Forestal).

Ahora bien, el Estado, si bien puede, tomando ciertas medidas, inclinar la balanza a favor de la iniciativa privada, también tiene que asegurarse de cierto apoyo de las clases dominadas.

Ya se oían protestas de diversos voceros e intelectuales ocupados en el problema; por ejemplo: el líder del P.P.S: “Para nosotros lo que ha detenido la producción en México es la tenencia de la tierra: 13 millones de has. que ya tienen resolución presidencial no han sido entregadas a los campesinos por haber interferido amparos agrarios.”

Al establecer los índices de agostadero definitivos y al publicar los resultados de los primeros estudios en el Diario Oficial, el Estado estará en condiciones de disponer de excedentes de tierras, los cuales se podrán repartir entre algunos campesinos.

Por supuesto, estas medidas, más que nada, apuntan a restablecer la confianza de las masas sin tierra en los “principios revolucionarios” de la política agraria coyuntural del país, usando incluso medios de difusión, espectaculares.

Es con este estilo que hasta con la intervención del ejército se expropia el latifundio de Gonzalo N. Santos, con base en la resolución presidencial del 18 de agosto de 1978, como acto inicial de una serie de entregas de tierras ganaderas a los campesinos solicitantes.

El decreto presidencial dotatorio se apoya en actos “delictivos” del propietario, quien había obtenido una concesión de inafectabilidad ganadera desde 1938, más una ampliación posterior de ésta.

Poco antes de vencer dicha concesión, Santos fraccionó y vendió en forma simulada a familias y prestanombres porciones de tierras incluidas en la misma.

Ello constituye una violación a lo dispuesto en el reglamento de la inafectabilidad ganadera. Se aseguró, por parte de las dependencias del gobierno, que los poblados creados por este reparto serían dotados de infraestructura.

Santos es el prototipo del cacique que estaba íntimamente vinculado a la burocracia política. Su poder económico de la región, planeada como un sistema federal de riego, se volvió “disfuncional” en cuanto a la racionalidad de la expansión capitalista en la zona.

Siguieron las expropiaciones de varios ex-políticos, y hasta noviembre de 1978 se habían repartido 317 880 has. Para el establecimiento de 130 poblados, beneficiándose a un total de 10 500 campesinos.

Dentro del reparto hecho en los primeros meses de 1979 destaca el de la ex-hacienda de Tetillas (Zacs.) que había sido amparada originalmente por una superficie de 50,000 has. mediante certificado de inafectabilidad ganadera de fecha 15 de enero de 1941.

Antes de vencer éste, y como en el caso de Santos, su propietario fraccionó y vendió ilegalmente partes del terreno.

Esta práctica de fraccionamiento simulado ha sido m uy común entre los propietarios que poseían concesiones de inafectabilidad ganadera, por lo que el dirigente de la CNPP, Salomón Faz, pidió al presidente que no se afectaran tales tierras al establecerse los índices de agostadero, ya que, aunque estas extensiones suman cerca de 9 millones de has. los particulares compraron de buena fe. Pese a que hubo negligencia y desconocimiento de la ley por parte de los pequeños propietarios, alegó el dirigente, no es justo que salgan perjudicados los particulares que compraron terrenos comprendidos dentro de las concesiones de inafectabilidad.

Fuente: Apuntes de Producción Agroindustrial de la Unideg

Publicado en Producción agroindustrial

Suscríbete:

who's online